En medio de los múltiples balances sobre las recientes elecciones en Bolivia y sus implicancias para el Perú, hay una conclusión que se impone con claridad: la principal causa de la derrota del MAS y del proyecto de cambio y el triunfo derechista fue el fratricidio interno, producto de pugnas caudillistas que no solo fragmentaron el voto o lo llevaron a la nada, sino que generaron un autoboicot prolongado a lo largo del gobierno de Arce. Este conflicto interno impidió tomar medidas oportunas para enfrentar la crisis, debilitando al proyecto político desde sus propias entrañas.Además, quedó demostrado que no basta con redistribuir los excedentes de hidrocarburos ni con mantener disciplina fiscal. El modelo boliviano, aunque exitoso durante varios periodos de gobierno, requería una diversificación económica sostenida, con participación tanto pública como privada. Hoy, algunos intentan reescribir la historia negando los logros del modelo, pero lo cierto es que su colapso responde a las razones descritas que mostraron el agotamiento de las fórmulas planteadas y de la necesidad de renovar el proyecto.
¿Y el Perú?
Más allá de las diferencias entre ambos países, lo ocurrido en Bolivia anticipa un escenario preocupante para el Perú: una segunda vuelta dominada por las ultraderechas, ante la incapacidad de las izquierdas de articular una oposición coherente al actual gobierno y de construir una alternativa de cambio. La mirada estrecha y el cortoplacismo han impedido una unidad más amplia entre el reagrupamiento de izquierdas, la socialdemocracia, el liberalismo progresista y el llamado «castillismo».
La fragmentación actual golpea especialmente a las fuerzas de izquierda, nacional-populares y progresistas. En medio de la «candidatitis», se olvida que estamos frente a un régimen mafioso y autoritario, un bloque reaccionario que se ha hecho del control de las instituciones capaz de excluir candidatos de centro e izquierda, bloquear la inscripción de organizaciones políticas y preparar un escenario electoral favorable a las derechas. Esta miopía política revela no solo una crisis de representación, sino una profunda crisis estratégica de las izquierdas.
¿Cómo salir de este laberinto?
No se trata de regodearnos en nuestras desgracias, sino de pensar cómo construir una salida. La apuesta por una insurgencia democrática y electoral sigue vigente. Aunque las elecciones no ofrecen, por sí solas, una solución a la crisis, sí pueden convertirse en un espacio de agitación política, un terreno para profundizar una voluntad destituyente y, al mismo tiempo, empezar a afirmar una voluntad constituyente.
En lugar de persistir en guerras fratricidas, deberíamos estar pensando en cómo articular políticamente y electoralmente nuestras fuerzas, a pesar de las diferencias. Hay opciones, pero requieren audacia y desprendimiento, cualidades que la mediocridad dominante impide vislumbrar. Las desconfianzas entre los distintos sectores son comprensibles y quizás reflejan el agotamiento de un ciclo político en las izquierdas. Sin embargo, también podrían ser el preludio del nacimiento de un nuevo y mejor ciclo.
Es hora de preguntarnos si estamos a la altura de las circunstancias. Derrotar a las mafias reaccionarias y abrir un nuevo momento histórico para el país exige coraje, visión estratégica y voluntad de unidad.
La reciente escalada en el intento de recaptura ilegal e “inconstitucional” de la Fiscalía de la Nación nos plantea preguntarnos: ¿Qué orden constitucional estamos defendiendo en el Perú? Si bien es imperativo salvaguardar los escasos espacios democráticos que persisten, la realidad es que el país opera bajo una «nueva versión de la constitución fujimorista», que como su antecesora es producto del autoritarismo, del desconocimiento del voto popular, de la usurpación del poder constituyente por una coalición derechista (congreso-ejecutivo) y mafiosa que ha reforzado un régimen en el que proliferan las mafias, el autoritarismo y la vulneración de de derechos.
Este orden constituido que impera hoy en el Perú no surgió de la noche a la mañana. Es la culminación de un «golpe de estado estratégico» orquestado e implementado desde 2016 para retornar a una versión más autoritaria del régimen neoliberal. ¿Cómo entender sin este contexto el Merinato, el asedio implacable contra el expresidente Pedro Castillo, su eventual caída, y los subsiguientes cambios constitucionales diseñados desde el congreso para asegurar el poder y capturar instituciones clave, poniéndolas más abierta y descaradamente que nunca al servicio de los poderes fácticos, tanto los tradicionales como los emergentes?
«El ‘desgobierno’ de Dina Boluarte y la consolidación del poder del Congreso marcaron el inicio de un arrasamiento aún sistemático de derechos, instituciones y recursos en el país. El asesinato de peruanos y peruanas que protestaban en el ‘estallido social’ tras la caída de Castillo fue un punto de partida de este momento. La implementación de una agenda autoritaria, reaccionaria, mafiosa y criminal no deja dudas sobre la dirección que ha tomado el país. El reciente ataque a la Fiscalía de la Nación es sólo el último capítulo de esta embestida, y de cara a las próximas elecciones, es evidente que la contienda no será competitiva: varios de los rivales han sido eliminados, el control de los organismos electorales es creciente y las reglas de juego electorales ajustadas a las posibilidades de quienes están en el congreso y sus “partidos” para mantener sus cuotas de poder.
Con el inicio del «desgobierno» de Dina Boluarte y la consolidación del poder del congreso, marcados por el asesinato de peruanos y peruanas que protestaban en lo que se denominó el estallido social tras la caída de Castillo, el país ha sido testigo de un arrasamiento sistemático de derechos, instituciones y de sus recursos. La implementación de una agenda autoritaria, reaccionaria, mafiosa y criminal ha dejado pocas dudas sobre la dirección del país. El ataque a la Fiscalía de la Nación es sólo el último capítulo de esta embestida. De cara a las próximas elecciones, es evidente que la contienda no será competitiva, pues los rivales han sido, y seguirán siendo, sistemáticamente eliminados del camino.
El poder se ha reconfigurado no solo para asegurar su continuidad a través de la manipulación del sistema político y electoral, sino también para sentar las bases de una expansión sin precedentes de la captura del Estado. Esto se logra concediendo aún más beneficios y privilegios a los grandes poderes económicos, ahora aliados con mafias emergentes (minería, tala ilegal, narcotráfico) que han trascendido la marginalidad y se integran a estos poderes fácticos. Su prioridad es la búsqueda de impunidad para sus latrocinios y crímenes. En esta vorágine, nada parece importar: ni el patrimonio histórico, como las líneas de Nazca; ni la destrucción de la Amazonía; ni la privatización del agua; ni el continuo despojo de las comunidades campesinas e indígenas.
Estamos inmersos en un contexto donde prima la fuerza desnuda, respaldada por los votos en el todopoderoso Congreso. Poco importa que este régimen y la coalición que lo dirige sean ilegales, ilegítimos y repudiados por las grandes mayorías. La aplicación del terror durante el estallido social, la continuación de los estados de emergencia y una eficiente maquinaria de criminalización y ‘terruqueo’ han sido sus instrumentos de imposición. A esto se suma un preocupante escenario internacional, donde a nadie parece interesarle exigir o cautelar algún estándar democrático o de derechos humanos. Lo más grave es que las fuerzas que podrían frenar este arrasamiento se encuentran divididas, enfrentadas o simplemente prefieren no asumir plenamente las consecuencias de lo que está ocurriendo.
Como afirmamos, ya no hay un orden constitucional democrático que defender. Lo que quedan son apenas unos ‘espacios democráticos’. La actual ‘constitución’ no es ni siquiera la del posfujimorismo, sino el resultado de una dictadura constituyente impuesta a sangre y fuego. Por ello, lo que urge es abrir una salida constituyente para construir un orden democrático real y legítimo. Esto solo será posible mediante la convocatoria del poder constituyente, opuesto a este orden establecido. Las próximas elecciones no serán la solución a esta profunda crisis; serán, a lo sumo, un campo de acumulación
Lo que el Perú necesita es una insurgencia democrática que desborde a quienes están acabando con las posibilidades de forjar una patria para todos. Esto solo se logrará juntando fuerzas, retomando la capacidad de movilización y desconociendo crecientemente el actual orden, transitando de un momento principalmente destituyente a uno más claramente constituyente. Este es el desafío urgente que tienen por delante las fuerzas democráticas y las fuerzas de izquierda.
En una coyuntura marcada por la crisis sistémica del país, la urgencia de articular una respuesta política desde las fuerzas de izquierda y progresistas es más apremiante que nunca. Desde el Nuevo Perú por el Buen Vivir hemos impulsado —siguiendo los acuerdos de nuestros Consejos Nacionales— la construcción de alianzas que nos permitan superar la fragmentación política, resistir al régimen autoritario y sentar las bases para una auténtica salida constituyente.
Sin embargo, los esfuerzos desplegados han encontrado serios obstáculos. Las negociaciones con distintos actores del espectro de izquierdas han estado marcadas por intereses particulares, estrategias excluyentes y apuestas centradas únicamente en alcanzar candidaturas presidenciales, dejando de lado el horizonte transformador que el país necesita. Lejos de consolidar una unidad estratégica, estas dinámicas han generado desgaste, frustración y han limitado nuestra capacidad para posicionar ante el país una propuesta clara y coherente.
Uno de los casos más evidentes ha sido la fallida articulación con Ahora Nación, Primero la Gente y una facción del PTE. Bajo el pretexto de una alianza “centroizquierda–centroderecha”, promovieron el ingreso de fuerzas conservadoras como Libertad Popular y luego sacaron de la manga a Salvemos al Perú, desplazando al Nuevo Perú y negándose a someterse a un proceso democrático de elecciones internas. Por otro lado, el intento de acercamiento con Juntos por el Perú, a partir de un llamado a la unidad por parte de Pedro Castillo, derivó en un diálogo con personajes que han demostrado reiterada deslealtad, tanto con aliados como con el propio Castillo. La lealtad no se declama, se practica.
Frente a este escenario, mantenemos conversaciones con Voces del Pueblo, Unidad Popular, un sector del PTE y otros sectores afines. Pero se vuelve imprescindible pasar de la negociación estéril a las definiciones políticas de fondo. El país no transita por una coyuntura electoral ordinaria: estamos ante una pugna decisiva frente a un bloque ultraderechista que ha capturado el aparato estatal y desmonta derechos a diario. Para hacerle frente, necesitamos una insurgencia democrática, electoral y constituyente.
La izquierda no puede limitarse a disputar cuotas electorales. Debemos impulsar una amplia campaña constituyente, articulando no solo a partidos, sino a sectores populares, sindicales, juveniles, indígenas y feministas que buscan una transformación real del país. Luchar por una nueva Constitución es luchar por un nuevo pacto social, por la refundación de la República, por una democracia que no sea rehén del autoritarismo ni del mercado.
El próximo Consejo Nacional debe ser un punto de inflexión. Es tiempo de alinear nuestras fuerzas, movilizar al partido en su conjunto y asumir con claridad el rumbo que queremos construir. El internismo y la indecisión solo favorecen el statu quo. Hoy más que nunca, el país necesita una izquierda que esté a la altura del momento histórico.
